Puigdemont podrá cobrar 7.000 euros al mes como ex presidente si acepta su destitución

Como dice nuestro queridísimo Miguel Ángel Revilla ….¡Viva el vino!

Fuente:  elindependiente.com

Carles Puigdemont podrá cobrar  por un periodo equivalente a una legislatura el 80 por ciento de su asignación mensual, esto es, unos 7.000 euros, además de disponer de oficina, coche y chófer según recoge el estatuto de ex presidentes de la Generalitat, aprobado en época de Jordi Pujol para asegurarse un retiro remunerado. Eso sí, para ello, “deberá aceptar su cesantía y solicitar la pensión”, según han señalado fuentes de Moncloa, lo que no parece que, al menos por el momento, sea su intención tras no darse por destituido e incluso pedir una “oposición democrática” al 155.

El estatuto de ex presidentes establece en su artículo 2 que aquellos que hayan ejercido la máxima responsabilidad al frente del gobierno de la Generalitat “tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo”. Pero no sólo, porque cuando llegan a la edad de la jubilación reciben una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60 por ciento del que era su salario.

Además, se le tendría que facilitar al ahora destituido presidentlos medios necesarios para el sostenimiento de una oficina “adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, así como la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan”, que suelen incluir secretario, coche oficial, chófer y escoltas, toda una bagatela por la que las arcas de la Comunidad pueden pagar más de 170.000 euros al año además de los cerca de 90.000 de pensión al ex presidente.

No obstante, tras el escándalo de las cuentas en el extranjero que Pujol ocultó durante más de treinta años, el gobierno de su sucesor, Artur Mas, aprobó una reforma en 2015 para poder revocar dichas prerrogativas en caso de que los ex presidentes perdieran la condición de “molt honorable”. Se entendía entonces que “no puede obviarse la posibilidad de que se den a conocer hechos relativos a alguna de las personas que han ostentado el cargo, acaecidos antes, durante o después de su mandato, que merezcan condena y que la hagan indigna de seguir disfrutando de las consideraciones que la ley le otorga”.

Los derechos y prerrogativas reconocidos por la ley de ex presidentes pueden ser revocados total o parcialmente por dos terceras partes de los miembros del Parlament -esto es, por 90 diputados, 20 más de con los que se declaró la independencia- “si considera que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme”.

El Parlament despojó Pujol de los fondos que aseguraban que su retiro fuera aún mucho más dorado que el que ya le garantizaban sus cuentas corrientes millonarias ocultas en el extranjero. No lo hizo, en cambio, con Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia al organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas le impuso una fianza de 5,2 millones de euros por responsabilidad contable de los que solo ha pagado 2,2. En caso de no completar la fianza, se procederá al embargo de sus cuentas y bienes por ese valor.

No vale una condena firme

No vale el simple hecho de que haya sentencia firme condenatoria, como se ha visto en el caso de Mas, para dejar de ser beneficiario de las ventajas y privilegios que otorga la condición de ex. Tiene que ser el Parlament el que te despoje de los mismos y, por mucho que Puigdemont haya sido destituido como presidente autonómico en aplicación del artículo 155 de la Constitución, esté a un paso de ser acusado de rebelión por la Fiscalía y, quizá, de ingresar a prisión, y ya disfrute de la condición de imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos tras firmar el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, bastaría que aceptara su cesantía para seguir cobrando y viviendo de los fondos públicos que recibe la Generalitat. Porque, eso sí, de momento se ha quedado sin sueldo.