El ex president no acudirá a la Audiencia Nacional este jueves

El abogado de Puigdemont asegura que el ex president no acudirá a la Audiencia Nacional este jueves

Carles Puigdemont no acudirá este jueves a la Audiencia Nacional para declarar por su imputación en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Así lo ha asegurado su abogado en Bélgica, Paul Bekaert. “No, no irá porque prefiere observar y esperar”, ha revelado a la televisión belga.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno para los próximos 2 y 3 de noviembre a las 09.00 horas de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.

El ex presidente aseguró este martes por la tarde que no había recibido ninguna citación para declarar en la Audiencia Nacional, y afirmaba que ha conocido la decisión de la jueza Carmen Lamela por la prensa. “Para ir a declarar se necesita una citación. No la ha recibido nadie. Nos hemos enterado por la prensa”, han sido las palabras de Puigdemont a los medios al salir del Hotel Chambord de Bruselas, donde se hospeda.

La Fiscalía podría sustentar su petición de cárcel en el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva.

El abogado de Carles Puigdemont, Paul Bekaert. REUTERS

Fuentes diplomáticas y cercanas al exmandatario catalán confirmaron que Puigdemont permanece por ahora en Bruselas, aunque cinco miembros de la delegación catalana que estaba en la capital europea viajaron con destino a Barcelona.

Bekaert, ha explicado este martes que centrará la estrategia de defensa del ex presidente de la Generalitat en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal”, ha subrayado Bekaert en declaraciones a ‘The Wold Today’ de la cadena de televisión flamenca VRT, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha reiterado el anuncio realizado por el propio Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas de que en principio no baraja realizar una petición de asilo político en Bélgica, aunque ha recordado que una solicitud de este tipo se puede aplicar en cualquier momento.

En cualquier caso, ha indicado que esto “es un capítulo completamente diferente a la extradición”. “También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo”, ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España.

En su rueda de prensa, el ex president intentó de nuevo internacionalizar el conflicto catalán, pidió ayuda a Europa y se presentó a sí mismo y a su equipo como perseguidos por la Justicia por motivos políticos.

Puigdemont acusó al Ejectivo central de preparar una “ofensiva sin precedentes”contra el Gobierno catalán, además de denunciar la “agresividad” del Estado español, la “politización de la Justicia” y el “grave déficit democrático” que a su entender existe en España. Además, insistió en que la denuncia por rebelión y sedición interpuesta contra él y su Gobierno “se refiere a hechos políticos” y que “persigue una idea, a unas personas, y no a un delito”.

También volvió a pedir a la comunidad internacional y a Europa que reaccione, como viene haciendo sin éxito desde hace meses. “Hay que entender que el caso catalán es una causa de los valores sobre los que se fundamenta Europa: democracia, libertad, libre expresión, la no violencia”, afirmó.

¿Y si no acude a declarar?

Se abre la puerta a una orden de detención internacional. La decisión de emitir dicha orden depende de la juez, que este martes los convocó a comparecer el jueves y viernes en Madrid.

Si se emitiera, “Bélgica no tendría muchas posibilidades de rechazarlo”, destacó Maxime Chomé, abogado en Bruselas. La orden debe referirse al sospechoso de una infracción “pasible de al menos tres años de prisión”, explicó, como sucede en este caso.

Existen vías de recurso si el interesado rechaza su extradición, pero llegan a término “con muy poca frecuencia”, según este jurisconsulto.

“La idea de base de la orden de detención europea es que se confía en los derechos fundamentales del país que la emite. España no se trata de un país que practique la tortura”, añadió.

Una vez se le detenga se le preguntará si quiere ser extraditado. Si su respuesta es que no se abre un procedimiento que no puede durar más de 60 días. En esos días, la decisión de la extradición correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que tiene un plazo de 15 para decidir. Dicha decisión se puede apelar, con un nuevo plazo de 15 días, y acabar en la Corte de Casación, que tendría otras dos semanas más.

Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir a la justicia española el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

 

Fuente: El Mundo